El Gobierno va a pedir a las entidades bancarias una moratoria en las ejecuciones de desahucios en marcha cuando estos afecten a colectivos sensibles. El Ejecutivo responde así a la noticia del suicidio de una mujer en Barakaldo que estaba a punto de perder su casa. Gobierno y PSOE han vuelto a hablar hoy por teléfono para buscar medidas urgentes que eviten los dramas asociados a la pérdida de la vivienda única.
En Moncloa se han puesto a trabajar para decidir cuál es el método idóneo para comunicarle la propuesta a las entidades bancarias. Ese ha sido el tema fundamental de la conversación telefónica que hoy mismo han mantenido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, estaba previsto que ambas partes planetasen la propuesta este lunes pero el suicidio de Barakaldo ha acelerado los plazos.
Según fuentes de Moncloa, el Ejecutivo no tiene potestad legal para paralizar los desahucios en marcha. Aun así, el Gobierno quiere que sean los bancos los que se vean obligados a tomar esa decisión. Hoy, viernes festivo en Madrid, se han acelerado las reuniones interministeriales para decidir cuál es el canal para llevar a las entidades bancarias a una paralización efectiva de los deshaucios en marcha.
Gobierno y PSOE barajan la opción de proponer a las entidades bancarias que ofrezcan un acuerdo extra judicial que evite la expulsión de sus viviendas de los colectivos en condiciones más vulnerables. Dicho de otro modo, el Ejecutivo y los socialistas le piden tiempo a los bancos para poder legislar sobre lo que los bancos le hacen a quienes no pueden hacer frente a sus cuotas hipotecarias.
La paralización de desahucios afectaría sólo a aquellas personas que estén en riegos de su única vivienda y cuando concurran situaciones agravantes como tener hijos o mayores a su cargo.
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